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(EL CORTIJO DIGITAL, 29 de noviembre de 2004

La comparecencia de Aznar
(Una puerta a la esperanza)

(*) ANTONIO CABRERA


Por fin José María Aznar comparecerá ante la comisión de investigación del 11-M. A pesar de todas las presiones, los pactos y las mordazas, ni rubalcabas ni garridos, ni prisas ni polancos, han podido evitarlo. La ciudadanía está expectante. Confiemos en que el 29 de noviembre se abra una puerta a la esperanza.

Y que al fin se arroje luz sobre la ciénaga del terror, sobre quiénes, por qué y para qué planificaron, indujeron, colaboraron, patrocinaron y ejecutaron la espantosa matanza del jueves negro, la que cambió el rumbo de la política exterior española, alteró el proceso electoral y derribó a un Gobierno.

Los beneficiarios del dolor continúan su letanía de veneno y fango contra la figura del ex presidente Aznar. Dinamitado el silogismo perverso que atribuía a nuestra presencia militar en Iraq los espantosos atentados del 11-M, ahora intentan responsabilizar al Gobierno de imprevisión. Sin embargo, los hechos, tozudos, rubrican que no es posible predecir las acciones de un puñado de serpientes. Ni la traición, o la negligencia -de uniforme o de paisano-, agazapadas a la sombra del Estado. Aunque las tenebrosas cloacas del 11-M conforman un laberinto hasta ahora inescrutable, la espiral de la verdad ya es imparable.

La manipulación de la opinión pública de los otrora intrépidos buscadores de la verdad –ahora silentes y hasta conciliadores- ha quedado hace tiempo al descubierto. El cinismo de los nuevos Goëbels, insistiendo en culpabilizar de la masacre al Gobierno de Aznar, además de una canallada, es una torpe huida hacia adelante. Una burda maniobra para ocultar la infamia, y así justificar su execrable instrumentalización y aprovechamiento político de los atentados.

En cualquier país civilizado, ante sucesos tan dramáticos, todas las fuerzas políticas se habrían hecho una piña con el Gobierno de la nación. Ocurrió en los atentados de 11-S en EE.UU. Ocurrió en Bali. Ocurre en Jerusalén, casi a diario. En España no. Aquí se aprovechó la coyuntura para conspirar, traicionar y derribar a un Gobierno. Aquí se instrumentalizó la terrible matanza del 11-M para orquestar una abyecta campaña mediática contra el gobierno legítimo de la nación. Aquí, según reveló el CNI, Carod-Rovira y Arnaldo Otegi, coordinaron sus esfuerzos para que durante la jornada de reflexión hubiera la «mayor anormalidad posible» y «forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo», según reveló el CNI. Aquí participó activamente Gaspar Llamazares en las jornadas de agit-prot. Y no pasa nada. Aquí leemos que el 12-M Pérez Rubalcaba festejó la noticia de la autoría islámico-marroquí de los atentados –la que les abría el camino de la Moncloa- brindando con champán en un restaurante del Plantío, donde se encontraba con un grupo de dirigentes socialistas para celebrar el fin de la campaña electoral. Y como es falso, no lleva a los tribunales a los autores de la «calumnia».

Por otro lado, no alcanzo a comprender el inmenso odio de algunos hacia José María Aznar y a su Gobierno, que supera todo lo racional y se instala en la profunda de las vilezas. No entiendo la villanía de insistir en que, junto a los autores materiales de la matanza, los populares deben cargar con las culpas del atentado terrorista más sangriento de nuestra Historia reciente. Y más aún, afirmar que el PP está en deuda con “este país”, cuando la verdad del 11-M es un terreno aún inexplorado.

Por eso no es de extrañar que, frente a tan injuriosos argumentos, los militantes del PP hayan convocado una concentración a las puertas del Congreso para expresar a José María Aznar su apoyo y su afecto. Aunque Mariano Rajoy, el de la oposición divertida y dialogante, lluvia fina y buen rollito –el mismo que le espetó lo de «¡Tú y tu guerra!» la noche de la derrota electoral- no haya apoyado la convocatoria de sus militantes.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 27 de noviembre de 2004

En apoyo de José María Aznar

EDITORIAL


El próximo lunes, 29 de noviembre, José María Aznar comparecerá ante la comisión de investigación del 11-M y abrirá una puerta a la esperanza.

Al fin, se arrojará luz sobre la ciénaga del terror, sobre quiénes, por qué y para qué planificaron, indujeron, colaboraron, patrocinaron y ejecutaron la espantosa matanza del jueves negro, la que cambió el rumbo de la política exterior española, alteró el proceso electoral y derribó a un Gobierno.

Los militantes del PP han convocado una concentración a las puertas del Congreso para expresarle su apoyo y su afecto, pero Mariano Rajoy -el de la oposición "divertida y dialogante", "lluvia fina", y buen rollito- no apoya la convocatoria de sus militantes.

Desde El Cortijo Digital -y la no militancia-, aplaudimos y nos sumamos a esta iniciativa en favor del mejor presidente de Gobierno de nuestra Historia reciente. Reproducimos la convocatoria a continuación.

CONCENTRACIÓN DE APOYO A JOSÉ MARÍA AZNAR

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2004. DESDE PRIMERA HORA.



El próximo 29 de noviembre, el ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular, José María Aznar, comparecerá ante la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Atentados del 11M.

Varios militantes del Partido Popular y de Nuevas Generaciones, desde la absurda y humillante negación de nuestro partido a convocar una concentración para la defensa de nuestro Presidente de Honor, hemos decidido convocarla "de forma espontánea".

No podemos tolerar que se manipule a España de esta forma. No podemos tolerar que se trate a José María Aznar como un asesino sanguinario, tal y como se está haciendo. No podemos tolerar que se siga mintiendo y ocultando quién atentó contra todos nosotros. No podemos tolerar la dictadura a la que estamos siendo sometidos. Y mucho menos podemos tolerar que nuestro partido siga mirando a otra parte, sin escuchar a sus afiliados, dejando de lado la coherencia, renegando de su pasado, de su política y de su ideología.

Por eso, EL 29 DE NOVIEMBRE, DESDE PRIMERA HORA de la mañana, convocamos una concentración de apoyo a José María Aznar, a la que os invitamos a todos los que creéis en una España diferente, a los que queréis saber QUIÉNES FUERON, a los que creéis que un Gobierno no se puede sustentar en 200 víctimas del terrorismo, a los que estáis en contra del actual desGobierno Socialista y a los que creéis en la honestidad, humildad y en la palabra de José María Aznar.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 26 de noviembre de 2004

¿Carpetazo al 11-M?
(Epílogo)

(*) ANTONIO CABRERA


O sea, que a pesar de los esfuerzos del PSOE y de sus socios, la comisión parlamentaria de investigación del 11-M -espoleada por los espectaculares hallazgos periodísticos de El Mundo, la obstinación de Aznar y el apoyo de una mayoría cada vez menos silenciosa- parece haber adquirido vida propia y resiste los intentos de carpetazo que, una y otra vez, quiere darle el partido socialista, temeroso de que la intervención del ex presidente Aznar destape definitivamente el cesto de serpientes del 11-M.

Pero los acontecimientos se han precipitado y se ha destapado la caja de los truenos. La publicación en El Mundo de las tremendas revelaciones del confidente «Lavandero» al agente Jesús Campillo, un guardia civil de Información de la Comandancia de Gijón, han impactado como un obús en la comisión de investigación. En la grabación magnetofónica de su conversación con el confidente, se prueba que en 2001, casi tres años antes del 11-M, Toro y Trashorras, los mayoristas de la dinamita en Asturias, «buscaban a alguien que supiese montar bombas con teléfonos móviles». Y lo más inquietante: la Guardia Civil lo sabía y no hizo nada.

La vergonzosa actuación de determinados responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han determinado el cese de Rodríguez Bolinaga -Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón- por el ministro del Interior y que Conde-Pumpido (el fiscal general del Estado que no albergaba dudas sobre los hechos del 11-M) ordene al fiscal jefe de Asturias la apertura de diligencias por ocultación de pruebas y obstrucción a la Justicia. El general Laguna, su sustituto en la Comandancia de Asturias, el coronel Búrdalo, y Bolinaga acaban de comparecer ante la comisión. Pero, una vez más, el PSOE y sus socios han vetado las comparecencias de los testigos de cargo -el agente Campillo y su confidente Lavandero-q que denunciaron sus gravísimas negligencias.

Al frente de su grupo parlamentario Pérez Rubalcaba, el infatigable buscador de la verdad, continúa con su boicot a la verdad del 11-M, transformando la comisión en una farsa. España no se merece un Gobierno que le mienta. Ni una izquierda que siga atrincherada en su tradición golpista.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 24 de noviembre de 2004

¿Carpetazo al 11-M?
(La farsa continúa)

(*) ANTONIO CABRERA


Hace menos de seis meses Rodríguez Zapatero y su Corte -con Pérez Rubalcaba impartiendo doctrina- no consideraban «conveniente» la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre el 11-M porque -decían- «carecería de sentido, al estar previstas [las comisiones] para fiscalizar al Gobierno, y no es el caso» Y también «porque tendría consecuencias injustas sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo trabajo es muy valorado por el nuevo Ejecutivo»

Ocupado el poder, se esfumó el afán socialista por conocer la verdad del 11-M. Sin embargo, la presión mediática y social -y la decisiva beligerancia de Aznar-, forzó al PP de Rajoy a pedir una comisión en la que tampoco creían, porque además de estar en minoría, iba en contra de su singular oposición «divertida y dialogante», «lluvia fina» basada en pasar página y buen rollito, tan contraria a la contundencia que exigen los votantes del PP desde la turbulenta pérdida de las elecciones del 14-M.

Comenzaron los trabajos de la comisión, y contra lo diseñado por rubalcabas y garridos, concluyó el primer acto de la farsa del 11-M dejando sobre el escenario un universo de agujeros negros, contradicciones, traiciones, incompetencias y mentiras que tuvieron la virtud de poner de manifiesto las alargadas sombras de la execrable dictadura alauita, la sórdida estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Aznar tras la masacre, la traición de determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la abyecta instrumentalización política de la tragedia por sus beneficiarios.

El silogismo perverso que atribuía la masacre al envío de nuestras tropas a Iraq se había pulverizado. Aznar y su Gobierno no habían mentido. Apenas se sabía nada del 11-M, pero el PP de Rajoy se daba por satisfecho. Volvía el consenso. Mariano se aprestaba, encantado, a debatir en el Congreso las conclusiones de la comisión; era la única forma -decía- de que los españoles se enterasen de toda la verdad. Por su parte, Rodríguez Zapatero afirmaba sonriente que no necesitaba saber nada más sobre el 11-M. Ya lo sabían todo, remachaba cínicamente Rasputín Rubalcaba. Tampoco José Antonio Alonso, ministro del Interior, ni Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, albergaban dudas sobre los autores de la masacre del 11-M, sus causas, sus objetivos, sus promotores o sus cómplices. Y, naturalmente, tampoco consideraban necesarias las comparecencias de Rafa Zouhier, ni de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras, suministradores de la dinamita a los moritos del comando de Leganés.

Así que nada de investigaciones inútiles. Nada de depurar responsabilidades imaginarias. Nada de bucear en los abismos de la verdad del 11-M. Ni la Justicia, ni el dolor de las víctimas, ni el de sus familias, son ya prioritarios. Lo importante, ahora, es cerrar cuanto antes la comisión y sentar las bases de un acuerdo político –reitera suavemente López Garrido- para impedir que pueda producir otro jueves negro. Pelillos a la mar.


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(ABC, 2 de noviembre de 2004)
(EL CORTIJO DIGITAL, 20 de noviembre de 2004


Matrimonio homosexual: el altar de Moloc

Por Ignacio SAGARRA RENEDO


La aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley de modificación del Código Civil con el objeto de que puedan casarse entre sí personas del mismo sexo, incluyendo la posibilidad de adoptar niños, ha abierto un gran debate social en el que se discute el acierto o desacierto de la medida. Los partidarios de la misma sostienen, de una forma verdaderamente superficial, un argumento que tiene la virtud de un eslogan: todos somos iguales, luego si un hombre y una mujer pueden casarse, también debe permitirse que lo hagan entre sí dos hombres o dos mujeres. Y añaden, con similar lógica igualatoria, que una vez casados, han de concedérseles idénticos derechos que a cualquier matrimonio, y, por tanto, la adopción. Esta forma de discurrir ha calado en parte de la sociedad por su repetición y simplicidad, favorecida por la cada vez menor capacidad crítica de los españoles. Aun así, una mayoría de ellos se muestra contraria al llamado matrimonio homosexual, si bien, en ocasiones, su oposición al mismo se limita a alegar con rotundidad que es de sentido común que para casarse hay que ser hombre y mujer.

Lo cierto es que la postura favorable a que el matrimonio es propio únicamente del hombre y la mujer entre sí –marido y mujer– tiene apoyo no sólo en el buen juicio natural de las personas, sino en profundos argumentos de toda índole: antropológicos, religiosos, morales, éticos, sociales y –lo que ahora más nos interesa– jurídicos. Estos últimos pueden resumirse así: una ley que consintiera casarse a personas del mismo sexo sería injusta, porque permitiría aplicar la figura jurídica del matrimonio de modo contrario a su sustancia, pervirtiendo con ello su fin propio, y dañando, en consecuencia, al bien común.

El matrimonio es una institución jurídica de hondas raíces en la civilización cristiana occidental. Su historia, en España y en Europa, abarca desde el derecho romano a los modernos códigos civiles de corte napoleónico, pasando por los derechos germánicos y, especialmente, por el derecho canónico de la Iglesia. En todas estas regulaciones el matrimonio se configura como la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de constituir una permanente comunidad de vida, llamada familia. ¿Y por qué el Derecho se ocupa de esa unión, revistiéndola de todo el ropaje jurídico que transforma a unos novios en marido y mujer? ¿Por qué algo tan íntimo como el amor de un hombre y una mujer se rodea de una normativa jurídica que le confiere un indudable carácter público? Porque ese amor va a generar unos hijos y, por tanto, una nueva familia, con las innumerables consecuencias parentales, sociales, económicas, etc..., que ello comporta. Es decir, la base del matrimonio como institución jurídica no es tanto el amor de los cónyuges –que antaño incluso no tenía prácticamente relevancia–, cuanto la familia formada a partir de los hijos engendrados por ellos. El matrimonio –figura jurídica de derecho privado con notorias repercusiones públicas y sociales– se perfila así como una refinada creación del derecho que sujeta a norma la unión vital de un hombre y una mujer en cuanto generadora de una familia. La sociedad trata así de dar seguridad a tal unión como garantía de estabilidad de la familia que de ella surja. Se crea, en definitiva, un marco normativo en el que se favorece, no sólo la mutua convivencia y ayuda entre los cónyuges, sino especialmente la crianza y educación de la prole, aspecto éste de capital importancia para el bien común de la sociedad. En consecuencia, el matrimonio, así configurado históricamente, tiene su razón de ser en la familia y, por tanto, en los hijos. Por eso es una propiedad esencial del mismo que sólo pueden contraerlo un hombre y una mujer, porque son quienes los engendran.

Excusamos decir que la conclusión anterior no queda desvirtuada por el hecho de que algún matrimonio no pueda tener descendencia. Aunque esto fuera así, potencialmente los cónyuges tienen la capacidad de ser padre y madre. Tanto es así que mediante la adopción cabe suplir la carencia de lo que naturalmente les correspondería. Al respecto, debe rechazarse –por falaz– la alegación de que también las parejas del mismo sexo que se casaran podrían adoptar, pues se utilizaría una consecuencia lógica del matrimonio entre hombre y mujer –la lógica posibilidad de adoptar– para justificar el acceso al mismo de quienes no lo son.

Desde el punto de vista jurídico, pretender aplicar la institución del matrimonio, secularmente reguladora de la unión de hombre y mujer, a personas del mismo sexo sería tanto como que se permitiera transmitir bienes, en vida, mediante testamento, o como que se inventaran las donaciones no gratuitas. La ley que pretende impulsar el Gobierno supondría arrancar de cuajo los cimientos de la institución jurídica matrimonial, con gravísimo daño de la misma. Si lo que se intenta es sujetar a norma las uniones de personas de igual sexo, hágase como se quiera, pero no utilizando la figura del matrimonio.

El camino emprendido por el Gobierno socialista no es solamente un dislate normativo que pugna con la naturaleza jurídica del matrimonio, sino que contradice claramente la Constitución, cuyo artículo 32.1 reza así: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". Una recta interpretación de este precepto lleva a la conclusión de que el matrimonio en él contemplado es entre hombre y mujer. Si no, hubiera usado la fórmula empleada en los demás artículos del título 1, relativo a los derechos y deberes fundamentales: los españoles, todos, toda persona o los ciudadanos... tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Qué sentido tiene que el único lugar en que la Constitución diferencia sexos sea el precepto regulador del matrimonio, sino consagrar la natural y plurisecular norma que lo hace propio del hombre y la mujer?

Pero es aún más grave que la manifiesta inconstitucionalidad de la ley que se pretende aprobar y que el irreparable daño que se haría a la institución matrimonial con ella, la terrible situación en que quedarían los niños que fueran adoptados por personas del mismo sexo "casadas" bajo su cobertura. Es ocioso gastar tinta en explicar las incontables razones que asisten a la mayoría de españoles para considerar absolutamente inaceptable tal adopción: los menores quedarían privados del pilar básico sobre el que se asienta la educación de un niño: el amor de un padre y de una madre, que nada en este mundo puede suplir. Hasta un huérfano quedaría en mejor situación, pues siempre podría tener el referente ideal del padre o madre que perdió. Pero los menores adoptados al amparo de tan inicua ley quedarían siempre inermes ante un muro sin respuestas. Tal ley sería contraria a la dignidad humana de los niños, anterior a cualquier constitución o ley. Pero además vulneraría preceptos básicos de nuestra Constitución, como el artículo 10 (dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad), el 14 (principio de igualdad, pues esos niños ya no serían iguales a los demás), el 15 (derecho a la integridad moral), el 27 (derecho a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de la persona humana) y el 39 (protección integral de los hijos).

Ante tal cúmulo de despropósitos, el proyecto del Gobierno únicamente puede comprenderse por la deliberada intención de promocionar, a toda costa, la homosexualidad. Lo cierto es que no sólo son inaceptables los medios, sino que la discutible finalidad buscada no se conseguirá, pues socialmente nunca se reconocerá como verdadero matrimonio un casamiento de tal género, haciendo buenos los refranes de la mona y la seda, y del hábito y el monje.

Si la justicia fue clásicamente definida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, este proyecto es todo lo contrario. Porque no es justo lesionar el bien común y desfigurar la institución del matrimonio, equiparando la unión del hombre y la mujer, fructífera a base de la familia, con la estéril unión de dos personas del mismo sexo. Y porque no hay derecho a condenar a quienes comienzan a vivir a que no puedan decir, con gozo y sin engaño, papá y mamá. Personas que nunca comprenderán al salmista al proclamar "cuan benigno es un padre para sus hijos, tan compasivo es Dios para los que le temen", o que jamás entenderán aquellos versos de Pemán: "A una madre se la quiere/ siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño/ cuando una madre se muere".

El llamado matrimonio homosexual que proyecta el Gobierno es una nueva versión del denunciado por el profeta Jeremías altar del dios Moloc, que además de ser falso, exigía en su honor el sacrificio de niños.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 15 de noviembre de 2004)
(PERIODISTA DIGITAL, 17 de noviembre de 2004)
(MADRID PRESS, 17 de noviembre de 2004)


Pepiño, la caspa y el voto católico

(*) ANTONIO CABRERA


Incapaz de materializar sus promesas de progreso social y económico más allá de la mamandurria, el enchufe y la subvención; conspicuo adalid del progresismo de cartón piedra y la pancarta; rehén voluntario de nacionalismos centrífugos; dinamitero del poder judicial; protagonista en tiempo real de la furia -iconoclasta o glorificadora- de según qué personajes o sucesos de nuestra Historia reciente, el Gobierno de Rodríguez Zapatero pretende ahora el allanamiento de las conciencias como último y definitivo recurso de una “pasada por la izquierda” que haga que “a España no la reconozca ni la madre que la parió”, como clarividentemente -y con relativo éxito- adelantó Alfonso Guerra hace veinte años.

Olvidada su democracia ejemplar, Rodríguez Zapatero -mucho más radical que Alfonso Guerra a pesar de sus sonrientes apariencias-, aspira, según se ve, al cambio socialista por el expeditivo método de desestructurar la sociedad, privándola de referencias éticas hasta convertirla en una masa sumisa y obediente, sin otros criterios que los que emanen del Estado. Puro totalitarismo. Por eso, ante la ausencia de cualquier proyecto político viable, ZP trata de organizarnos la vida, legislando sobre nuestras conciencias. Alumbrando disposiciones legales que, al estilo Corcuera, puedan autorizar la patada legal en la puerta de las creencias y de los sentimientos religiosos más profundos de la sociedad española.

No faltan ejemplos de la voluntad del Ejecutivo por “encauzar” la moral de los españoles, comenzando por la falsa identificación entre la aconfesionalidad del Estado -que reconoce nuestra Constitución- y el laicismo anticlerical que pretende implantar el Gobierno socialista. Desde el aborto libre, incluida la píldora del día después -gratuita y universal-, a la experimentación con células madre embrionarias. Del divorcio express al matrimonio y la adopción de niños por homosexuales. Del arrinconamiento y devaluación de la enseñanza de la religión católica en la escuela, a la equiparación, interesada y cínica, del cristianismo con el islam, remachada con el sorprendente anuncio de Mercedes Rico Godoy, directora general de Asuntos Religiosos, de que a partir del próximo mes de enero se impartirá la enseñanza del islam en los colegios públicos de las poblaciones con mayor presencia de musulmanes (Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y otras ciudades de Andalucía)

Si a estos mimbres se añade el apoyo del Gobierno socialista a las organizaciones islámicas en España -financiadas este año con 30 millones de euros mientras se planea retirar la financiación a la Iglesia católica- o el acoso desde el Consejo Escolar del Estado a la escuela católica, tendremos un panorama bastante aproximado de lo que Rodríguez Zapatero entiende por “absoluto respeto” hacia las creencias y la fe católicas. La ofensiva socialista contra la familia y la moral -en sentido estricto- y contra la Iglesia católica en particular, ha originado el rechazo frontal de una mayoría silenciosa -puteada y perpleja- de millones de votantes católicos.

Gobierno e instituciones han tomado muy buena nota del cabreo del voto católico. La Conferencia Episcopal se ha posicionado nítidamente frente al Gobierno, con un duro discurso del cardenal Rouco Varela que disipa las ambigüedades de los obispos catalanes y vascos. El PSOE, por boca del inefable Pepiño Blanco, su secretario de organización, tras tildar inicialmente de “casposas” las actitudes de la Iglesia defendidas por el cardenal Rouco, se ha apresurado a rectificar, descubriendo las profundas raíces cristianas del programa socialista. Blanco, después de proclamar su cristianismo militante, ha significado la proximidad de las tesis socialistas con la doctrina social de la Iglesia, llegando incluso a decir, sin ningún rubor, que “las decisiones del Gobierno de ZP están en la misma esencia del cristianismo”. Al parecer José Blanco no esta dispuesto a rendirse en su dura pugna con Rubalcaba por conseguir la medalla olímpica de la desfachatez política.

Hasta el PP de Mariano Rajoy, el del buen rollito, los complejos y las ideas gaseosas, tan poco proclive a asumir en su acción política las exigencias de la confesionalidad cristiana de la mayoría de sus votantes -como se demostró en su XV congreso nacional- ha reaccionado expresando su “enorme indignación” por las palabras de José Blanco. Menos mal. Lástima que sus gestos no se correspondan con sus votos en el Parlamento en contra del aborto. O en sus decisiones en el Gobierno balear cuando legisla en favor del matrimonio entre homosexuales y su adopción de niños. O cuando deja en la estacada a Rocco Bouttiglione. O cuando promueve el apoyo a una Constitución europea que ignora al cristianismo como fundamento espiritual de Europa y que elimina de su Preámbulo cualquier referencia a Dios o al cristianismo. El voto católico no es rehén de ningún grupo político. Bueno es que empiecen a saberlo.


[Ver publicación en COLUMNISTAS - PERIODISTA DIGITAL]
[Ver publicación en EL VIGÍA - MADRID PRESS]

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(EL CORTIJO DIGITAL, 9 de noviembre de 2004)

La piscina de Sonsoles

(*) ANTONIO CABRERA


Agentes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) se han calado el tricornio y han denunciado ante la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) que cada vez que Sonsoles Espinosa, la esposa del presidente de Gobierno, acude a la piscina de la Academia de Guardias Jóvenes de la localidad para recibir clases de buceo, los agentes y sus familias, allí residentes, son desalojados de la piscina y de los edificios anexos. Según informa la asociación, la señora de Rodríguez asiste a sus prácticas subacuáticas acompañada de una de sus hijas, sus escoltas y de dos guardias civiles del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que son quienes la instruyen en la piscina cubierta de la academia de Valdemoro.

De nuevo el uso patrimonialista de los medios públicos en beneficio privado pone de relieve la conducta recurrente del PSOE cada vez que alcanza el poder. Como Felipe González, que disfrutó sus primeras vacaciones como presidente de Gobierno pescando atunes en el Azor, el yate de Franco. O como hizo Alfonso Guerra con el Mystère del Ejército del Aire para ir desde la portuguesa villa de Faro a Sevilla, a ver los toros. O la ocupación de un despacho oficial por su hermano Juan, el de los cafelitos. Inocentes prolegómenos del felipismo, la etapa de mayor nepotismo y corrupción política de nuestra Historia reciente.

La new wave de ZP, la de la democracia ejemplar, la humildad y amor al bien, retorna a sus orígenes. Ahí está Bono, concediéndose la gran cruz al Mérito Militar para celebrar el éxito de nuestra valiente huida de Iraq. O su afición a utilizar un helicóptero para trasladarse desde su casa en Toledo al despacho en el paseo de la Castellana, para evitar atascos. O el glorioso ejemplo de reivindicación social y feminista de las ministras de cuota del Vogue, posando en plan fashion a las puertas de la Moncloa. O el desplazamiento a Peraleda de Zaucejo (Badajoz) de un helicóptero del Centro de Urgencias 112 para administrar a Maria Antonia Trujillo, ministra de la Vivienda, un urbason porque le había picado un insecto. O el fantástico ejemplo de buen uso de los recursos públicos por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que utilizó un helicóptero de las Fuerzas Aéreas para viajar de Sevilla a Estepona (y regreso a Madrid) para dar una conferencia. Con el añadido de que como el helicóptero no cabía en el Palacio de Congresos de Estepona, hubo que arrancar, sobre la marcha, una farola para que pudiera aterrizar. Insuperable.

Fuentes de la Moncloa han negado el desalojo de los guardias y sus familias, alegando que Espinosa realiza sus prácticas de buceo fuera del horario de utilización la piscina y que el cierre de los edificios anexos responde a las estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, la ASIGC lo ha desmentido rotundamente, insistiendo en que "no se pueden alegar medidas de seguridad pues la piscina está en un recinto acuartelado y protegido". Finalmente la Dirección General de la Benemérita ha reconocido los hechos, justificando lo sucedido como un "error de interpretación", que además solo habría supuesto adelantar "en unos minutos" el horario de cierre de la piscina para los guardias y a sus familias.

El malestar por el desalojo es evidente. Un portavoz de la asociación indica que, aunque las instalaciones las administra la Guardia Civil, sus titulares son los guardias civiles que mensualmente abonan las cuotas correspondientes para su cuidado y mantenimiento. Para acceder a las instalaciones pagan, además, una entrada y se atienen a unas normas. En todo caso, no se quejan de que la señora de Rodríguez utilice la piscina, sino que a ellos, y a sus familias, se les expulse cuando acude a bucear la esposa del presidente de Gobierno, por lo que piden que comparta su uso con los miembros de la Guardia Civil.

Rodríguez Zapatero, fiel a su talante, ha lamentado las molestias que pudieran haber ocasionado las aficiones subacuáticas de su mujer, al tiempo que ha atribuído a los servicios de seguridad de Moncloa la responsabilidad en la coordinación de sus actividades públicas. Todo un demócrata.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 8 de noviembre de 2004)

A Emilio Valerio, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid

(*) ANTONIO CABRERA


Uno de los mayores escándalos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, por su atropello al bien común y la impunidad de sus autores, tiene lugar desde hace 30 años en la urbanización "La Berzosa", núcleo residencial del municipio de Hoyo de Manzanares, donde más de trescientos propietarios han "ampliado" sus chalés por el contundente procedimiento de apropiarse de los terrenos colindantes, calificados como zonas verdes de uso y dominio público, pertenecientes al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y de titularidad municipal.

Durante todo ese tiempo ninguno de los Gobiernos de la Comunidad madrileña, desde el socialista Joaquín Leguina a la popular Esperanza Aguirre, pasando por Ruiz Gallardón, han movido un dedo para resolver el gravísimo asunto de las apropiaciones "indebidas" de La Berzosa, a pesar de que entre sus vecinos (la urbanización tiene más de 1.300 propietarios) se cuentan -o se han contado- conocidas personalidades del Gobierno, la política, las finanzas, la judicatura y hasta de los medios de comunicación. El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, el ex ministro de Sanidad con el PP, Romay Beccaría, el ex director del CESID, Javier Calderón, la locutora Paloma Ferre, el periodista Antonio Montero o el conocido "hombre del tiempo", Juan Antonio Maldonado son, o han sido, vecinos de La Berzosa.

Tampoco durante 25 años de gobiernos locales democráticos con alcaldes independientes, populares, o socialistas como Fernando Esteban -el alcalde actual, que gobierna en coalición con la agrupación electoral "Hoyo Somos Todos" e Izquierda Unida-, han resuelto un solo expediente contra los infractores, ni han puesto tan graves hechos en conocimiento del Gobierno autonómico, ni de los Tribunales de Justicia.

Ante la desidia general, una vecina se armó valor -y de razones- y hace más de cuatro años (marzo de 2000), denunció los hechos ante Emilio Valerio, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM). Desde entonces su documentadísima denuncia, en la que figuran como presuntos implicados el presidente de la comunidad de propietarios de La Berzosa, así como el presidente de la agrupación electoral Hoyo Somos Todos (HST)- duerme el sueño de los justos. Hasta ahora el Alto Tribunal -tan diligente en otros casos- no se ha pronunciado, ni mucho menos ha tomado cartas en el asunto para obligar a los presuntos delincuentes a restituir lo "indebidamente" apropiado y a demoler las construcciones ilegales, imponiendo a los autores de la rapiña las sanciones, administrativas o penales, que en su caso correspondan.

Con la perspectiva de la inminente aprobación en el municipio del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y la gravedad de los hechos, el Gobierno municipal tiene prisa por dar carpetazo al asunto. Para ello no se le ha ocurrido otra cosa mejor que recrear la peregrina "comisión de investigación" que ya se constituyó en la anterior legislatura con objeto de "regularizar" las ocupaciones. Ante el estupor de los vecinos, Fernando Esteban ha propuesto como imaginativa solución a las delictivas apropiaciones la venta, "a precio de mercado", de los terrenos robados a quienes se los apropiaron, imponiéndoles, eso sí, "una fuerte sanción". No dijo nada de las construcciones ilegales, que también se han levantado en las zonas verdes usurpadas, aunque siguiendo tan fantástico razonamiento serían también "legalizadas", en lugar de demolerlas, como marca la ley.

La "comisión" y sus futuras propuestas reguladoras son, por sí mismas, una ofensa a los vecinos. Una torpe vía política para tratar de "regularizar" lo que no es más que un delito continuado. Una manera de echar tierra sobre unos hechos a los que ningún alcalde se ha atrevido plantar cara durante décadas. Una burla al sistema democrático -bajo el patrocinio entusiasta de la agrupación Hoyo Somos Todos- que trata de suplantar -o de eludir- la aplicación de la ley, amparándose en las decisiones "democráticas" de una comisión política que usurpa las funciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, y que olvida, una vez más, que la ley no se vota, sino que se cumple. Y que los primeros obligados a su más estricto cumplimiento son los miembros de la Corporación municipal.

Además la "comisión" no tiene nada que "investigar". Los sucesivos levantamientos topográficos del Catastro no dejan lugar a dudas sobre las ocupaciones. Por otra parte, en el registro de la propiedad de Colmenar Viejo constan con exactitud la extensión y los límites de cada finca. El simple cruce entre los datos registrales y los catastrales permiten identificar a los infractores. Aunque se dé la grotesca circunstancia de que, ante la evidencia, se alegue la "buena fe" de los presuntos delincuentes diciendo que algunos hasta pagan el IBI por los terrenos apropiados, como explicó públicamente el anterior alcalde, José Luis Gervás.

Corresponde por tanto a los servicios técnicos municipales la tarea de inspeccionar y denunciar las apropiaciones y las construcciones ilegales. Identificados los infractores, corresponde al Ayuntamiento la apertura de los correspondientes expedientes y su trámite ante los Tribunales de Justicia. Así de fácil. Y en caso de dejación de funciones es la Comunidad de Madrid quien tiene el deber inexcusable de velar y hacer cumplir la legalidad urbanística.

Por eso, la fantástica solución "reguladora", además de descabellada y absurda -aún no está en venta el Parque Regional-, sentaría un inquietante precedente legal y supondría una flagrante violación de la Ley y de la Constitución, cuyo artículo 45 ampara los derechos de terceros a usar del medioambiente y obliga a los poderes públicos a su defensa y conservación. La mayoría de los vecinos están indignados. Esperemos que la Justicia, por fin, actúe.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 4 de noviembre de 2004)

Lo siento queridos progres
(La victoria de Bush)

(*) ANTONIO CABRERA


¡¡Huy cómo lo siento queridos progres!! Con lo que habéis trabajado para demostrar al mundo entero lo malísimo que era Bush. Tanto esfuerzo para que ahora os venga el pueblo norteamericano con sus millones de votos respaldando la gestión del Imperio y os haga esta faena. Y es que la democracia, queridos, tiene estas cosas.

Lo que vale para decir que en España los españoles mostraron en las urnas su rechazo mayoritario a la guerra de Iraq y el 14-M le pasaron factura a Aznar debería valer, mutatis mutandi, cuando es el pueblo norteamericano quien aprueba mayoritariamente la gestión de su presidente y, en consecuencia, muestra su apoyo a la guerra de Iraq. Pero en este caso, la progresía de cuota -impasible el ademán-, determina que esos millones de norteamericanos son memos y por eso aceptan con alegría la “gran mentira” de su presidente e incluso que la premian con su voto. Y más aún, que les importa tres pitos el horror de una guerra a miles de millas de su territorio, en la que ellos -el pueblo norteamericano- ponen los dólares y los muertos.

Es difícil encontrar una ofensa mayor al honor de todo un pueblo. La progresía oficial hubiera preferido que ganara el candidato demócrata. No porque la política exterior de Jhon F. Kerry fuera distinta a la de George W. Bush, sino que por su talante -dicen- se podrían haber superado las malas relaciones con Europa. Curiosa forma de evaluar los intereses políticos en las relaciones internacionales. Lo que pasa -os quejáis-, es que estos yankees no son demócratas, ni solidarios, ni tolerantes, ni nada y así no se puede, hombre. Votan a tontas y a locas. ¡Qué diferencia con nuestro voto el 14-M, tan meditado y responsable, perfectamente informados por Rubalcaba y la Cadena SER, tras unas fantásticas jornadas de agit-prot! ¡Mira que dar la victoria a Bush! ¡Qué disgusto! Con la de veces que se lo habréis dicho a estos niños grandes: haced como nosotros, que hemos rechazado enérgicamente la política agresiva e imperialista de Bush y la de su lacayo Aznar.

No le votéis, que es un canalla y un criminal; un fascista redomado. Pero ya se sabe lo torpes que son estos norteamericanos. No os han hecho ni puñetero caso. ¿Cuántas veces les habréis repetido eso que tanto os gusta de la guerra ilegal e injusta? ¿Y lo del trío de las Azores? ¿Y lo de las guerras necesarias y justas cuando las patrocina la ONU? ¿Y lo de las armas de destrucción masiva? Hasta os habéis atrevido a decir que la guerra de Iraq la había provocado George W. Bush para enriquecerse él y su familia. Pues ni por esas, queridos. Ha sido el presidente con más voto popular en la Historia de los EE.UU. ¡Qué rabia! ¿no?


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(EL CORTIJO DIGITAL, 1 de noviembre de 2004)

Alternativa Española
(Otro quebradero de cabeza de Rajoy)

(*) ANTONIO CABRERA


Desconocía la existencia de Alternativa Española (AES), nuevo partido político de ámbito nacional, de derechas, democrático y católico que el pasado 23 de octubre hizo su presentación oficial en el Palacio de Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. Para mi sorpresa -la convocatoria había tenido escaso eco mediático, al menos en Madrid- el auditorio del Palacio de Congresos aparecía abarrotado de un público entusiasta, de todas las edades, sobre todo jóvenes. El ambiente y el auditorio me recordaban la frescura de los primeros mítines del PP de la etapa de Aznar.

El acto, breve y bien organizado, lo presentó Luis Fernando Rute, vicesecretario nacional de organización de AES. Como telonero de lujo intervino Ewald Stadler, Defensor del Pueblo de Austria y presidente de la Academia de la Libertad del FPÖ austriaco, quien defendió el cristianismo como fundamento espiritual de Europa y criticó la ausencia en el Preámbulo de la futura Constitución Europea de cualquier referencia a Dios y al cristianismo, mostrando, asimismo, el apoyo de su partido y el de sus homólogos europeos a Alternativa Española. Cerró el acto el secretario general de AES, Rafael López-Diéguez, quien desgranó con brillantez las bases programáticas y los objetivos del nuevo partido, de inspiración católica.

La irrupción en el panorama político español de un partido de implantación nacional, después de 25 años de reinstauración democrática, no es fruto del azar. Y no me refiero solamente a la creación de la maquinaria en cuyos engranajes se enredan los recursos humanos y materiales necesarios -pero no suficientes-, para la viabilidad de un proyecto político. La condición sine qua non para el éxito de AES residirá en que su programa político sea capaz de cubrir una demanda social -la del voto católico- no satisfecha hasta el momento. Oportunidad y demanda.

Parece que en este caso se conjugan ambas premisas. Las estadísticas confirman la religiosidad abrumadoramente mayoritaria del pueblo español. Un 85 por ciento se declara católico. Más del 80 por ciento de los padres quieren para sus hijos clase de Religión. El 80 ciento de los matrimonios son religiosos. El 97 por ciento de los fallecidos se entierran en sagrado. Cada domingo asisten a misa 12 millones de fieles. El Papa visita España y moviliza a millones de católicos. Los ritos y las tradiciones cristianas impregnan las fiestas y celebraciones populares que se extienden por toda la geografía española. Historia, arte, arquitectura, filosofía, literatura... hunden sus raíces en esencias cristianas, desde la conversión de Recaredo en el año 589 hasta hoy, casi 1.500 años después. Sin embargo el voto católico, aquí y ahora, no está representado en el Congreso de los Diputados.

Desde luego no lo está por el PSOE, que vista su incapacidad para articular una política económica y social que procure el bienestar de los ciudadanos, pretende su adoctrinamiento desde el Estado en el credo socialista, con la totalitaria intención de legislar sobre las conciencias. De ahí su obsesión guerra civilista por reabrir viejas heridas cicatrizadas hace tantos años y su fanático empeño por ensayar una imposible reescritura de la Historia. Su ofensiva contra la familia y la moral -en sentido estricto- y contra la Iglesia Católica en particular, se ha traducido en un cúmulo de proyectos o disposiciones legales -aborto libre, píldora abortiva gratuita, divorcio express, matrimonio y adopción de niños por homosexuales, arrinconamiento de la Religión en la escuela, discriminación de la enseñanza privada confesional o la equiparación de la Iglesia Católica con el Islam...- que han levantado grandes ampollas en una mayoría silenciosa, cada vez más decidida a dejar de serlo.

Tampoco el PP como principal partido de la oposición cubre las expectativas del voto católico. El PP de Rajoy persiste en su errática política de indefiniciones, falta de solidez en los principios y guiños al electorado “progresista” en detrimento, como siempre, de la derecha sociológica, su electorado más fiel, y sin embargo peor tratado. Un voto que el PP supone cautivo, católico en su mayoría -puteado y perplejo- que no entiende su connivencia con el matrimonio homosexual y su adopción de niños, como ya ha ocurrido en el Gobierno balear; ni su pasividad, cuando no complicidad, con el divorcio express, la píldora abortiva (Gallardón y sus muchachos), la investigación con células madre embrionarias o el aborto. Ni mucho menos con la apertura del melón constitucional, como proféticamente adelantó Aznar, ni con el sí al referéndum de la Constitución europea después de abjurar del Tratado de Niza, ni su buen rollito con los independentistas, según quedó de manifiesto en la última "cumbre" de presidentes autonómicos.

En la medida que AES sea capaz de dar respuesta a estas demandas y el PP persista en ignorar la opinión y los intereses de su electorado, el panorama político español puede brindarnos grandes sorpresas. En cualquier caso, bueno es que en democracia los ciudadanos dispongan de alternativas. Los resultados del referéndum sobre la Constitución europea pueden ser el primer aldabonazo colectivo que marque el comienzo de una nueva etapa en la política española.


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