Hay frases lapidarias que, atrapadas en el tiempo, sobreviven inalterables como testigos de toda una época y del ingenio de sus autores. Santiago Amón, el gran crítico de arte, el poeta, el autor -desconocido para muchos-, del escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid nos dejó una frase rotunda, poco antes de su prematura muerte en un estúpido accidente de helicóptero. Dijo Amón: "en España, a estas alturas, ya no cabe ni un solo idiota más". Quince años después, las cosas han evolucionado de tal forma que su frase se ha quedado corta. A la vista de los hechos, habría que modificarla y decir que en España ya no cabe ni un solo canalla más.
Bono ha vuelto por sus fueros. En su última comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre el trágico accidente del Yakovlev-42 que segó la vida de 62 militares españoles, ha hecho gala de su más depurado estilo demagógico-florido para criminalizar al Estado Mayor de la Defensa, a su antecesor, Federico Trillo, y por elevación al Gobierno del PP. Cómo habrá dramatizado Bono su papel de
justiciero que hasta Rajoy, tan moderado y partidario del
buen rollito parlamentario, por una vez, ha sido capaz de llamarle ruin.
La cosa no es para menos. La tragedia del Yak-42 fue un fatal y desgraciado accidente, no un crimen alevoso. Según los resultados de la investigación, el accidente se debió al error humano de unos pilotos que confundieron una carretera con la pista de aterrizaje, según recoge la caja negra del aparato siniestrado. Una cosa es exigir las responsabilidades que correspondan ante la mala gestión de una tragedia, con información deficiente, escasa atención a los familiares de las víctimas y múltiples errores en la identificación de los cadáveres y otra muy distinta la canallada de sugerir que el accidente del Yak-42 se produjo por querer ahorrar 6.000 euros. Otro silogismo perverso de Bono, como fue atribuir a José María Aznar la responsabilidad de la masacre del 11-M por ordenar el envío de tropas a la posguerra de Irak.
La instrumentalización de la tragedia y del inmenso dolor de los familiares, utilizados como demagógica munición contra el Gobierno de Aznar con el pretexto de aflorar toda la verdad de lo ocurrido en Trabzon -lo mismo que hizo Rubalcaba la víspera del 14-M- queda de manifiesto por el indecente empeño de Bono en cargar la responsabilidad sobre la cadena de mando militar cuando, en último extremo, la responsabilidad es política, y no exclusivamente del ministerio de Defensa. ¿Quién es el responsable? se preguntó Bono en su comparecencia. Y se respondió mayestático: el Estado Mayor de la Defensa.
Esta arriesgada afirmación forma parte de la inefable verborrea de Bono, siempre en busca del aplauso fácil. Olvida que el general Gómez Arruche, a quién él nombró director general de la Guardia Civil, era entonces responsable del Mando Aéreo de Levante y encargado de los vuelos de sostenimiento a Afganistán y de tramitar las quejas del servicio de transporte de tropas. El malestar en círculos militares es patente. Sin embargo Bono ha caído en una grave contradicción al tratar de responsabilizar a la cúpula militar cuando, por otro lado, afirma en el Congreso que "España debería haber inspeccionado el avión", tratando con eso de esquivar la responsabilidad en la catástrofe de las autoridades aeronáuticas del ministerio de Fomento, representadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), a quien corresponde en exclusiva la inspección de las aeronaves y el control y la regulación de los vuelos civiles en España.
Como indican fuentes del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, España participa en el programa SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircraft) -Asesoría de Seguridad a Aeronaves Extranjeras- establecido por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) por el que las autoridades aeronáuticas de los Esta
