Los defensores del "matrimonio" homosexual confunden, interesadamente, los conceptos de Estado aconfesional y de Estado laico. Y la diferencia es muy notable.
Una cosa es que con la creación del Estado moderno (Revolución francesa, 1789) el Estado asuma la libertad religiosa como una más de las libertades públicas y que se defina como aconfesional, esto es, que aún no decantándose por ninguna religión determinada respete a todas, y que ampare, promueva y apoye en sus respectivas Constituciones la libertad religiosa y de culto de todos los ciudadanos, y otra, absolutamente distinta y contraria, es que un determinado Gobierno del Estado, vulnere su Constitución y se autodeclare laico, esto es, que actúe obstaculizando, negando y vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad religiosa y de culto -y a la de enseñanza de todas las confesiones-, negando apoyos sociales o ayudas económicas a instituciones, centros de enseñanza o asociaciones por el mero hecho de tener un ideario confesional, y no ateo, mientras que promociona y patrocina todo tipo de organismos y colectivos afines a su autodeclarada laicidad.
De igual manera, el lobby homosexual, al carecer de argumentos jurídicos, sociales o antropológicos en favor de sus "aspiraciones", recurre al sibilino y procaz ataque a la Iglesia Católica -ofendiendo a millones de españoles- como si fuera responsable de sus "carencias", amparándose en la aconfesionalidad del Estado.
Evidentemente esto es rotundamente falso, porque el matrimonio es un contrato civil refrendado por el Estado, aunque además, y voluntariamente, pueda tener un carácter religioso. Y no se quieren enterar -porque no les interesa- que es la sociedad civil, organizada a través del Estado, quien en defensa del bien común (la procreación es el mayor activo de cualquier sociedad humana) no autoriza el matrimonio homosexual. Eso ocurre aquí, y en todo el universo mundo, salvo en dos países y medio, Holanda y Bélgica, y a medias en Suecia.
Por eso la polémica suscitada en torno al proyecto de Rodríguez Zapatero de legalizar el “matrimonio” y la adopción a los homosexuales, no es más que un asunto político, sujeto a intereses electorales y de partido, y a las presiones de los influyentes lobbys que controlan los medios de comunicación audiovisual, en su mayoría "rosas". Y en cierta medida, también a los propios partidos, con dirigentes políticos que han proclamado su condición homosexual.
En cualquier caso, aunque esté en minoría sólo si el PP "colabora" con este proyecto de ley podrán sacarlo adelante ZP y sus socios de Gobierno, contando con la probable abstención, incluso el voto favorable de CiU o CC y hasta el voto en conciencia de diputados católicos socialistas. Otra cosa es que se disperse el voto popular en el Congreso como consecuencia de su errática política de indefiniciones, falta de solidez en los principios y guiños al electorado “progresista”, en detrimento de la derecha sociológica, su electorado más fiel y como siempre, el peor tratado.
