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Periódico digital de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Información general, articulos, opinión y actualidad municipal de Hoyo de Manzanares


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(EL CORTIJO DIGITAL, 31 de mayo de 2004)

El entierro de Montesquieu

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Mientras ZP enarbola el señuelo para ingenuos de su “democracia ejemplar” -la del diálogo, el consenso y el respeto a las libertades-, los fogones de Ferraz bullen elaborando contundentes menús, que luego se publican a la carta en el BOE para aplastar libertades, pluralismos y consensos.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acaba de anunciar en el Congreso otra iniciativa de la “nouvelle cuisine” socialista contra nuestro sistema democrático. El nuevo guiso pretende la reforma de las leyes del procedimiento penal para que el Gobierno sustituya a los jueces de instrucción por fiscales manejables. Esta decisión supondrá “una ruptura con nuestra tradición centenaria”, según ha reconocido el propio ministro.

Desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, nuestro modelo de instrucción judicial cuenta con un juez instructor (independiente, hasta donde el poder político no ha logrado llegar) encargado de la investigación y de dictar sentencia, mientras que el fiscal (nombrado por el Gobierno) representa al Estado o al querellante en la acusación. La reforma anunciada, es una demoledora carga de profundidad contra la misma línea de flotación del sistema democrático, al establecer por Ley la dependencia jerárquica y funcional del poder Judicial al Ejecutivo.

El artículo 124 de la Constitución establece el ejercicio de la función de los fiscales “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica”. Por mucho que López Aguilar pretenda camuflar la actuación partidista de los futuros fiscales “instructores” con ropajes miméticos de “autonomía funcional”, no puede ser “autónomo” quien está sujeto por su cargo al principio de obediencia debida, y puede ser apartado de un procedimiento por sus jefes. Y que depende, además, del poder político para ascender en su carrera profesional.

Durante más de un siglo y muy diferentes Gobiernos, la Justicia española ha fundamentado su actuación en un sistema penal con jueces inamovibles y no sujetos a principios de obediencia jerárquica. Este modelo ha resistido hasta los embates de diferentes gobiernos de Felipe González, que desde 1983 han pretendido cambiar las funciones de la Judicatura, aunque finalmente no pudieron –o no se atrevieron- a ponerlos en práctica. Sin embargo, sí quedaron de manifiesto las maniobras del poder político marcando las directrices del fiscal general del Estado para obstaculizar la acción de los jueces instructores en los procesos por los crímenes del GAL y de los fondos reservados durante los gobiernos de González. Lo mismo que la sanción -o el “destierro”- de aquellos fiscales de la Audiencia Nacional que se atrevieron a bucear en las aguas turbias de aquellos procesos.

Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno, acuñó una frase que ha quedado para la Historia: “Montesquieu ha muerto”. La frase, pronunciada a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó la Ley del Aborto, resume admirablemente la opinión que le merecen al PSOE las ideas del barón de Secondat sobre la independencia de los poderes del Estado. Esta muerte anunciada dió origen, poco después, al primer “consenso” entre los partidos para el reparto, como botín político, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De ahí el entusiasmo del presidente Rodríguez y de su ministro de Justicia por sacar adelante un proyecto que liquidará los focos de independencia de la Judicatura, permitiéndole sustituir a los jueces por funcionarios del Estado sometidos a la obediencia debida a su cadena de Mando (fiscal general del Estado, fiscales jefes y fiscales especiales: Anticorrupción y Antidroga), y por lo tanto al Gobierno, que es quien, en definitiva, les nombra a todos. Esta reforma de las leyes del procedimiento penal proporcionará al Ejecutivo un arma formidable para eludir el control del poder judicial y castigar a sus adversarios políticos -o beneficiar a sus amigos-, cuando sea necesario.

Si este descabellado intento se llevara a efecto, se ocasionaría una quiebra en nuestro ordenamiento jurídico de tal magnitud que derrumbaría los dos pilares sobre los que se alza nuestro Estado de Derecho: el principio de independencia del poder judicial y el de seguridad jurídica. Significaría, irremisiblemente, el entierro de Montesquieu.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 28 de mayo de 2004)

Algunos no lo quieren entender, Sr. Aznar

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Comprendo que Zapateros y Rubalcabas anden muy preocupados, y hasta irritados, porque el ciudadano Aznar siga defendiendo sus ideas sobre la intervención en Iraq y señale como un grave error la huida de nuestras tropas del escenario del conflicto. Comprendo también que al Gobierno socialista no le haya hecho ninguna gracia el viaje del ex presidente Aznar a EE.UU para hacer propaganda de sus ideas. Y que además se entreviste con George Bush en la Casa Blanca y en el Pentágono con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para mostrarles su apoyo incondicional en la lucha contra el terrorismo islámico. Comprendo, asimismo, el temor (no solamente socialista) de que trascienda a la opinión pública la verdad sobre los agujeros negros del 11-M y su manipulación político mediática.

Entiendo todas las críticas que quieran hacerse a sus manifestaciones públicas. Lo que no entiendo es que el PSOE acuse de "deslealtad" a Aznar por haber realizado ese viaje y esas entrevistas. Es una villanía, propia del malvado Rubalcaba, acusar al todavía presidente del Partido Popular de "deslealtad hacia el Gobierno, hacia el Parlamento y hacia la mayoría de la ciudadanía de España que está en contra de la presencia de nuestras tropas en Iraq". Naturalmente que José María Aznar tiene todo el derecho del mundo -y para muchos hasta la obligación moral- a expresar libremente su opinión sobre episodios tan decisivos de la Historia reciente de España. Por supuesto que el ciudadano ex presidente tiene toda la libertad para criticar en Madrid, en Washington o en Pekín, la gestión política de su sucesor en la presidencia del Gobierno. Solo eso faltaría. En un sistema de libertades es obsceno -y muy burdo- tildar de traición o deslealtad lo que no es sino un sano ejercicio de la crítica política, como método de descalificación del adversario. Sobre todo cuando los mismos que ahora le acusan de deslealtad, antes vertían la infamia de su culpabilidad y la ocultación de la verdad en los execrables atentados del terrorismo islámico-marroquí del 11 de Marzo.

No parece probable que Aznar pretenda con sus intervenciones públicas destruir a su partido. Ni que aspire a su derrota electoral en las elecciones europeas. Tampoco parece creíble que sea un inconsciente. Sin embargo resulta conmovedor -y muy sorprendente- que los que le han gritado asesino y mentiroso se muestren tan preocupados por el daño que su actitud está causando al PP. Y resulta aún mucho más inquietante y significativo que esa preocupación la compartan Génova y Ferraz, La SER y la COPE, Iñaki Gabilondo y Federico Jiménez Losantos.

¿Por qué esa extraordinaria coincidencia? Quizás se deba a que en Génova tampoco quieran entender que los casi 10 millones de votos que obtuvo el PP en las elecciones del 14-M son, en su mayoría, votos prestados por la derecha sociológica a José María Aznar. Que esa derecha democrática -huérfana de liderazgo y que no acepta el abandono de Aznar- está plenamente de acuerdo en su política contra el terrorismo, y en contra de la retirada de nuestras tropas de Iraq. Que los españoles admiran el valor y la decisión de sus representantes políticos. Pero repudian la traición y no van admitir que los mismos que desde el Gobierno y el Partido Popular alababan las tesis de Aznar, ahora le vuelvan la espalda.

Esos 10 millones de votantes no entienden el consenso y el diálogo político tan preconizado por el Gobierno socialista como coartada de decisiones antidemocráticas. Y mucho menos que el principal y único partido de la oposición actúe como cooperador necesario y siga sin ejercer con firmeza su función de control y fiscalización del Ejecutivo -que el propio Rajoy ya ha anunciado que será "dialogante y divertida"- cuando la sociedad española parece abocada a cambios estructurales, sociales y políticos de extraordinaria magnitud.

Hoy se ha constituido formalmente la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de Marzo. Se vislumbra un acuerdo PP-PSOE con la finalidad de llegar a un pacto de no agresión para que la investigación no haga sangre en los intereses de ninguno de los partidos. Seria muy grave que, de nuevo, se impusiera el "consenso" sobre los hechos y se impidiera el esclarecimiento del episodio más grave de nuestra Historia reciente.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 25 de mayo de 2004)

El acorazado Potemkin

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Cuando veo la faraónica rotonda que se está construyendo a la entrada de Hoyo de Manzanares, inevitablemente acuden a mi mente las grandiosas escenas de Sergei. M. Einstein en "El acorazado Potemkin", película que el padre del cine ruso -y uno de los grandes del cine mundial-, rodó a mayor gloria de Stalin y de la propaganda soviética. Y es que la rotonda, como la película, no es una obra más. Es una epopeya. Es la apoteosis de la desmesura. Un canto épico al acero y una sinfonía al cemento en pleno corazón del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

La colosal rotonda, que construye la Comunidad de Madrid a la altura del kilómetro 19 de la M-618, es, por sus desaforadas dimensiones, un monumento al disparate, tan singular que merecería figurar en libro Guinness de los récords. La ciclópea rotonda dará servicio a la urbanización "Las Colinas" y su importe ascenderá a casi 300.000 euros, según informa la prensa local.

La verdad es que la obra es muy barata si la comparamos con la enorme espectacularidad que le prestan sus dimensiones, sus dobles barreras de seguridad, y su imponente balizamiento y señalización. Es como un enorme escaparate que alumbrarán doce luminarias sobre otras tantas columnas de diez metros de altura y que contará con un jardín en el islote central. No sabemos si también albergará una estatua ecuestre de algún prócer autonómico. Quizá del alcalde. O tal vez otro monumento a los canteros.

Construida en una zona llana y de amplísima visibilidad, la inusitada profusión de guardarailes, alumbrado, señalizaciones y balizamientos que surgen al acercamos a la rotonda, nos produce una inquietante sensación. Conocedores de la carencia absoluta de tales elementos en todo el trazado de la M-618 hasta Colmenar Viejo -carretera tan peligrosa que popularmente se la conoce como “la de la muerte”-, la repentina visión de tan abrumador despliegue de medios nos alerta de que necesariamente gravísimos peligros acechan a nuestro paso. Ciénagas, arenas movedizas, animales salvajes o profundos abismos deben bordear el camino cuando la Comunidad de Madrid toma en nuestro nombre tan extraordinarias medidas de seguridad.

A la luz del día comprobamos que, afortunadamente, no es así. Solo se trata de otra estupidez -aunque de signo contrario- a la que la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid protagonizara en vísperas de las elecciones locales y autonómicas del 99, con la remodelación de la infausta carretera M-618, desde Hoyo a Colmenar Viejo, con su singularísima calzada mixta de asfalto y hormigón "ranurado", sus peligrosas e inútiles barreras de mampostería, sus aberrantes peraltes contrarios y la total ausencia de arcenes, sistemas de drenaje, alumbrado, socorro o balizamiento en la denominada "vía parque", que desde entonces -y para la eternidad- tenemos la desgracia de disfrutar. Otra paradoja más de la "calidad de vida" que gozamos en Hoyo de Manzanares gracias a la inestimable gestión del entonces presidente de la Comunidad -y hoy faraónico alcalde de Madrid-, Alberto Ruiz Gallardón.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 21 de mayo de 2004)

La ministra de actuación y urbanismo

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Parece ser que el Gobierno del presidente Rodríguez va a ser el Gobierno de la actuación. Ejemplos no han faltado durante el primer mes de gobierno triunfal. Como la puesta en escena de ministro de Defensa, José Bono, y su operación Jenofonte, admirable composición sinfónica sobre la retirada de nuestras tropas en Iraq. Las inspiradas actuaciones del juez Alonso, hoy ministro del Interior, poniendo en el punto de mira de la responsabilidad de la masacre del 11-M a Miguel Angel Acebes y al Gobierno del PP. Las agudas actuaciones de Carmen Calvo, ministra de Cultura y experta en IVA, anunciando por tierra mar y aire la modificación del impuesto para libros y discos aunque sea competencia de la Unión Europea. O al referirse a Aznar como el “enano fascista del bigote”, o al asumir la jefatura de la caza de Alfonso Ussía por facha.

También ha sido fantástica la actuación en Bruselas de la ministra de Agricultura, Espinosa, cuya prepotencia e ignorancia han costado 53 millones de euros de ayudas comunitarias a los agricultores españoles y la probable desaparición de los cultivos del algodón y del tabaco. Extraordinaria, asimismo, la actuación de la directora de RTVE, Carmen Caffarel, al prohibir, en un alarde de independencia y pluralismo político, las tertulias de RNE para evitar el nefasto hábito del debate, en vísperas de las elecciones europeas. Y qué decir de las magistrales actuaciones de Fernández Vega -FEVE-, vicepresidenta primera del Gobierno. O del abnegado Rubalcaba. O del sin par Pepiño Blanco, secretario del Organización del PSOE, que acaba representar la divertida obra “Volvemos a Europa” como prólogo de la campaña electoral socialista, exigiendo a Mayor Oreja, candidato del PP al Parlamento europeo, “que explique a los españoles la barbarie, los crímenes y las torturas cometidas en Iraq”.

Como respuesta contundente a tan provocadoras palabras, Mariano Rajoy, hombre tranquilo y prudente donde los haya -pero rotundo cuando hace falta-, ha afirmado categóricamente que en el supuesto de que el PP obtenga unos malos resultados electorales el 13-J, él no dimitirá. Todo un aviso para navegantes del Jefe de la oposición, que ha sembrado el desconcierto y el pavor entre las filas socialistas -especialmente en Pérez Rubalcaba- y muestra inequívoca de la inquebrantable voluntad que anima al carismático líder del PP para ganar las próximas elecciones europeas.

Sin embargo, todas las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno no son más que minúsculos granos de anís frente a las 720.000 actuaciones que piensa ejecutar Maria Antonia Trujillo (MAT) -hasta ayer ministra de la Vivienda-, durante el primer cuatrienio socialista. Porque resulta que MAT, anterior consejera de Fomento del presidente Rodríguez Ibarra -y hoy ministra de Actuación y Urbanismo por méritos propios-, ha matizado ante los micrófonos de Antena 3 la promesa socialista de construir cada año 180.000 viviendas de protección oficial a un precio asequible.

Según MAT se han malinterpretado las palabras de Rodríguez Zapatero. El compromiso del programa socialista no era poner en el mercado 180.000 viviendas anuales de protección oficial, 720.000 en la legislatura. Por el contrario, explicó, la promesa electoral del PSOE, y proclamada por ZP urbi et orbe, se refería a “actuaciones” en materia de vivienda, no a viviendas. Esas "actuaciones", según la ministra, podrían ser tanto para construir viviendas nuevas, como para rehabilitar, mejorar o comprar viviendas ya existentes con el fin de destinarlos al alquiler, o también para la urbanización de suelo para edificar.

Ante el estupor generalizado que produjeron las declaraciones de la ministra -que no aclaró cuántas de las “actuaciones” se convertirían de verdad en viviendas- y la posibilidad -remota- de que el principal y único partido de la oposición supiera explotar tan reveladoras declaraciones, la maquinaria de Ferraz actuó con la eficacia y prontitud que le caracterizan, y la cadena de mando restableció el orden. Ayer, en un comunicado, el Ministerio de Vivienda reiteró su compromiso de poner a disposición de las familias "180.000 viviendas en propiedad o en alquiler". "En definitiva: 180.000 viviendas, 180.000 actuaciones, 180.000 soluciones y 180.000 familias".

En cualquier caso, es una gran aportación a la semántica la que ha hecho Maria Antonia Trujillo al equiparar los términos de “vivienda” y “actuación”. Es muy hermoso poder decir que uno tiene una bonita actuación en Calpe con vistas al mar. Y todo por la sagacidad de MAT, ministra de Actuación, Arquitectura y Urbanismo (MAAU)


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(EL CORTIJO DIGITAL, 17 de mayo de 2004)

Hipócritas

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Se nota. Se siente la proximidad de las elecciones europeas del 13-J. Apenas ha pasado un mes del cambio tranquilo de Gobierno y ya parece que estamos en otra era. El cainismo de la sociedad española pervive al tiempo y al espacio. ¿Tú también Mariano? Aznar dixit.

La demagogia florece esta primavera como malignas flores baudelerianas que bordean los caminos del triunfo electoral. Regresan nuestras tropas de su misión humanitaria. Ya no tienen nada que humanizar en Iraq, remanso de paz y democracia. La ayuda, desde ahora, se medirá en limosnas de euros y en palabras. Los agujeros negros del 11-M se agigantan, pero todos lloran a las víctimas. Unos desde un crucero en las Bahamas -para no herir la sensibilidad del pueblo soberano-, otros desde Roma, como trueque de silencio a nuestra huida militar y al estatus del catalán, el eusquera y el gallego como lenguas cooficiales de la Unión Europea. Y muchos más desde los medios de comunicación -ahora independientes y plurales-, recuperan la antigua tradición de la caza de brujas para quemar en vistosas hogueras mediáticas al diabólico trío de las Azores. Al fondo, el júbilo por la boda principesca y el desfile triunfal de las tropas humanitarias en las postrimerías de mayo enmarcan la victoria electoral.

No cesa el clamor por el trato, vergonzoso, que algunos soldados norteamericanos han infligido a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib. José Bono, por si acaso, ya se ha puesto el casco y se ha apresurado a establecer distancias con la actuación de nuestros antiguos aliados, despejando incógnitas al atribuir a estos repugnantes hechos el origen remoto de nuestro veloz "repliegue", así como a la inquietante pretensión norteamericana de que las fuerzas españolas participaran en la captura, vivo o muerto, del bondadoso clérigo chií, Muqtada al Sadr. En Badajoz los familiares de los héroes, agradecidos, vitorean al caudillo sonriente. Y algunos le gritan guapo.

Pocos días después de este jubiloso acontecimiento, el presidente Rodríguez, en una entrevista concedida al prestigioso New York Times, declina definirse sobre el lamentable episodio de los malos tratos a los presos iraquíes, calificándolo como un asunto de política interna. Aunque afirma que "como demócrata mis raíces se remontan a los padres fundadores de los Estados Unidos. Soy un gran defensor de Jefferson y de los valores que contribuyeron al establecimiento de la democracia americana. Hay muchísimas cosas que admiro de esta sociedad: su democracia, su espíritu emprendedor y su fuerza" Y por si quedara alguna duda ratifica "la alta opinión que le merece el Departamento de Estado" y redondea el ditirambo diciendo que tiene "cuatro años por delante para probar al pueblo americano la alta opinión que me merece". Extraordinario ejemplo de coherencia y del nuevo talante "made in ZP"


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(EL CORTIJO DIGITAL, 14 de mayo de 2004)

Fernández de la Vega pierde la cabeza y anuncia listas paritarias
(La gran parida)

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


La vicepresidente primera del Gobierno, Fernández de la Vega (FEVE) -no confundir con el acrónimo de los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha-, ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso para anunciar a los padres y a las madres de la Patria una serie de reformas legislativas para “recuperar la dignidad de la política y el prestigio de sus protagonistas”. Estas modificaciones constituirán, sin duda, el armazón legal, los mimbres, de una democracia ejemplar, basada en principios de humildad, ansias infinitas de paz y amor al bien con las que ZP se ha empeñado en obsequiarnos a todos los españoles y españolas. Aunque no hayamos votado su programa electoral.

Entre la multitud de propuestas (catorce), algunas tan dañinas como el pedrisco, hay dos especialmente sectarias, que pretenden la modificación de la Ley Electoral. Una quiere hacer obligatorios los debates de los candidatos en televisión; la otra establecer la paridad obligatoria en las listas electorales, de manera que en todas ellas haya el mismo número de candidatos que de candidatas. Resulta abrumadora la obsesión socialista por transformar en Ley sus caprichos programáticos.

Se supone que las reformas anunciadas por FEVE en el Congreso deberían servir para fortalecer el control de los ciudadanos sobre gobernantes e instituciones y así contribuir al establecimiento de la tan ansiada y modélica democracia zapateril. Sin embargo, no parece que estas dos modificaciones estimulen el control democrático, sino todo lo contrario. Una por poner puertas al campo; la otra por disparatada y anticonstitucional.

Es comprensible que los socialistas lleguen al poder con hambre de juego, después de haber estado en el banquillo ocho años, pero antes de saltar al campo deberían matizar sus verdes compromisos electorales. El afán intervencionista del nuevo Gobierno sorprende tanto como la falta de pudor en sus planteamientos. Esta bien que los candidatos debatan en televisión antes, durante y después de las elecciones, pero sin imponer obligaciones de imposible cumplimiento en un sistema democrático. Y sin olvidar que el lugar de encuentro natural para el debate político es el Parlamento. Por eso, resulta paradójico que mientras que el Ejecutivo pretende implantar por ley los debates televisivos, el señor Marín, presidente del Congreso, controle, cronómetro en mano, las diferentes intervenciones de los diputados en los debates parlamentarios, dejando sin “audio” a los padres -y a las madres- de la Patria que hayan consumido su tiempo. O que la muy independiente señora Caffarel, directora de RTVE -la misma que hace unos días anunció el principio del fin de la televisión “de partido” y el reinado de la libertad de expresión y del pluralismo político- haya decidido hoy la supresión de las tertulias de RNE “para evitar los debates ante la proximidad de las elecciones del 13-J”. Todo muy asombroso. Y muy revelador del nuevo talante ZP.

En cuanto a la paridad sexual de las listas electorales es, evidentemente, un proyecto marxista. De los hermanos Marx. Para reír o para cortarse las venas. Es un planteamiento sencillamente surrealista, quizás para conmemorar el centenario de Salvador Dalí, maestro universal del surrealismo. La esperpéntica medida vulneraría el artículo 14 de la Constitución (“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). Y lo que eufemísticamente se denomina “discriminación positiva” sigue siendo una discriminación, por mucho que se empeñen l@s feministas a ultranza. No hay nada más discriminatorio que un sistema electoral que margine de las listas electorales a una persona valiosa por el mero hecho de no estar comprendido en la cuota de una ley absurda e inconstitucional, que jerarquiza la valía de los candidatos en función de su genitalidad.

Por otro lado, esta reforma legal presentaría mil interrogantes. Habría que modular el simple criterio de paridad genital expuesto por FEVE para la confección de las listas electorales. Porque sería tremendamente injusto discriminar por ley a los colectivos de lesbianas, gays, transexuales o bisexuales, en razón de sus preferencias sexuales. ¿Valdría una lista electoral fifty fifty de lesbianas y de mujeres heterosexuales? ¿Y una lista entera de transexuales? Además ¿Por qué basar la paridad sólo en criterios sexuales? ¿Porqué no enriquecer los cupos con criterios étnicos, religiosos o lingüísticos? ¿Cuántos católicos, cuántos protestantes, cuántos ateos, cuántos judíos? ¿Y el dominio de la lengua vernácula? ¿Y la edad? ¿Y la experiencia? ¿Y la juventud? ¿Qué cupo correspondería a los casados? ¿Y a los militantes del partido socialista? ¿Los padres de familias numerosas tendrían más baremo? ¿Y las viudas? ¿Y los bajitos? ¿Qué hacemos con los mecánicos chapistas?

Mientras tanto, la verdadera reforma de la ley electoral, esa del desbloqueo y la apertura de las listas electorales que proporcionaría a los electores el control de las instituciones (Congreso, Senado, Asambleas autonómicas y Ayuntamientos) y que les permitiría elegir -y no a los partidos políticos-, los candidatos que prefieren, duerme el sueño de los justos. Esa reforma, que pide la inmensa mayoría de los votantes, no interesa a ningún partido político. Aunque sea una promesa electoral del Gobierno socialista.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 11 de mayo de 2004)

Telecinco, Sardá y todo por la pasta

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


La vileza y la miseria moral de Javier Sardá, Telecinco y sus Crónicas Marcianas batió récords de ruindad, y quizás de audiencia, en octubre de 2002, cuando emitió una “entrevista” que el presunto humorista y colaborador del programa, Javier Cárdenas, había realizado a Javier Cristo Hernández, un minusválido psíquico de 39 años -pero con una edad mental de siete-, natural de Tenerife.

La repulsiva “entrevista” de Cárdenas se hizo y se emitió sin conocimiento ni autorización paternos, a pesar de la incapacidad jurídica de la víctima, utilizando a Javier Cristo como objetivo de mofa y argumento de audiencias millonarias. El abyecto “humorista”, ridiculizó y escarneció al joven disminuido, sometiéndole a un trato vejatorio ante millones de telespectadores, exponiendo con la mayor crueldad las debilidades y la inocencia de un niño grande que padece una minusvalía del 60 por ciento. Las vejaciones sufridas, y las burlas de sus vecinos, le ocasionaron una profunda depresión por la que ha permanecido varios meses encerrado en su domicilio.

Los pesados engranajes de la Justicia se han puesto en marcha y casi dos años después de la demanda que interpuso su familia contra Telecinco, Gestevisión, Sardá y Cárdenas, el 20 de julio tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arona (Tenerife) la vista del juicio. La demanda -que apela a la Ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen-, pide una indemnización de 300.000 euros por los daños morales causados al joven.

Estos hechos ponen una vez más de manifiesto la inmundicia de Crónicas Marcianas y la catadura humana y moral de Javier Sardá, presentador y máximo responsable del programa. El ínclito manipulador, exponente de las más sólidas virtudes de la progresía multimillonaria, el que a la voz de su amo ofende a personas e instituciones con tal de engordar su bolsa; el que, como “progre” oficial, tan iracundo se muestra en sus egocéntricos discursos sobre la paz y la guerra, con tal de mantener la cuota de pantalla y engrosar su cuenta bancaria, sin embargo no vacila en humillar a los seres más débiles e indefensos, pisoteando su dignidad como personas y vulnerando la Ley, mientras que, cínicamente, clama por las libertades, la dignidad humana y los parias de la tierra.

La inmisericordia y el dolor que personas tan despreciables pueden causar a una familia no se paga con dinero. El daño moral ocasionado a unos padres que han luchado durante treinta y nueve años para que su hijo pueda integrarse en la comunidad en la que vive -y que la vileza de un programa ha destruido en diez minutos- es incalculable. La ilusión rota de unos padres que habían logrado un trabajo, y un futuro, para su hijo en la emisora de radio local, es una pérdida irreparable. El llanto de un niño de treinta y nueve años, objeto de las burlas de un malnacido, es un crimen execrable. De nada sirven disculpas farisaicas. Justicia. Cierre de Crónicas Marcianas.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 7 de mayo de 2004)

Santiago Matamoros no es un santo políticamente correcto

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Tenía que pasar. El Cabildo de la catedral de Santiago ha decido retirar la imagen de Santiago Matamoros, que ha presidido desde el siglo XVIII la capilla del mismo nombre en la catedral, para «evitar susceptibilidades» y no «herir sensibilidades de otras etnias». De esta forma, las autoridades catedralicias ponen fin a siglos de provocación intolerable, iniciando un fructífero periodo de diálogo y consenso con el mundo islámico, tan desatendido durante los gobiernos de José María Aznar.

La medida, que ha hecho pública José Fernández Lago, portavoz del Cabildo, se enmarca en las directrices que predica incansablemente el presidente Rodríguez desde su púlpito en el Congreso de los Diputados para la construcción de una democracia ejemplar, basada en la humildad, un ansia infinita de paz y el amor al bien. Según explicó Fernández, la figura de Santiago Matamoros se sustituirá por otra de Santiago Peregrino, para no ofender al mundo islámico.

Es comprensible el cambio tranquilo de santo que propone el Cabildo. La imagen histórica de un Santiago caballero, combatiendo fieramente en el bando cristiano junto a Ramiro I contra los sarracenos de Abd al-Rahman II en la batalla de Clavijo (año 844) es muy inapropiada. Ver al santo a lomos de su caballo blanco, blandiendo su espada victoriosa sobre las cabezas aterrorizadas de mahometanos con turbante, es muy ofensiva para el Islam y, desde luego, políticamente muy incorrecta. Los canónigos han pensado, con razón, que esto puede irritar al mundo árabe. Y luego pasa lo que pasa. Por eso van a sustituir la imagen del Apóstol guerrero por otra políticamente correcta de Santiago peregrino, que ahora preside la Sala Capitular -donde se reúne el Cabildo-, porque, según dicen, es «más adecuada al actual espíritu de la Iglesia y para transmitir los valores de la peregrinación y el espíritu del Año Santo Jacobeo».

Además, esta imagen trasmitirá un look jacobeo mucho más acorde con los nuevos tiempos. La de un joven Santiago alegre, comprometido y solidario con los problemas de su tiempo, muy alejado del Santiago Matamoros, de gesto fiero y espada en mano, que simboliza el nacionalismo español más intolerante y excluyente, tan cerrado al dialogo y belicista. Si resucitara, este moderno SP (Santiago Peregrino) podría muy bien encabezar, pancarta en mano, las manifestaciones del «nunca mais» y del «no a la guerra». Hasta formaría parte de la plataforma de «cultura contra la guerra», y quien sabe si no habría abogado por la inmediata retirada de nuestras tropas en Iraq.

Después de esta afortunada decisión para la convivencia y la paz con nuestros hermanos mahometanos, totalmente ajena, por supuesto, a la masacre islámico-marroquí del 11-M, el Cabildo quizás estudie la posibilidad de retirar la numerosa imaginería del Apóstol guerrero que queda en la catedral, y hasta en Santiago de Compostela y otras muchas ciudades de España. Como la figura del Apóstol que, a caballo y espada en mano, encabeza el baldaquino del Altar Mayor de la catedral, o la réplica en piedra de Santiago Matamoros que preside la mismísima fachada del Obradoiro. Tiempo al tiempo.

Esperemos que la decidida actuación de los ministros de Interior y de Justicia concluya la magnífica labor iniciada por el Cabildo de Santiago, con propuestas de Ley que permitan la erradicación definitiva de las seculares y bárbaras fiestas populares de Moros y Cristianos, que además de discriminatorias para los moros -que siempre son los que pierden-, evidencian desde su propia denominación actitudes vejatorias y xenófobas para el colectivo musulmán, que en nada contribuyen a las buenas relaciones con Marruecos, nuestro vecino del sur. Asimismo, con objeto de reparar la injusticia histórica que representa la existencia del apellido Matamoros, sería de gran interés promover una modificación del registro civil que obligue a la sustitución de este apellido por los más apropiados de Matacristianos, Mataznares o Matarratos. Amén.


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(EL CORTIJO DIGITAL, 4 de mayo de 2004)

¡Rompan filas!

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


En la antigua Roma, la mayor recompensa militar que podía otorgarse a un general victorioso, era la concesión del triunfo. Este honor, ambicionado por todos, lo concedía el Senado únicamente a aquellos que hubieran obtenido brillantes victorias, o que con sus operaciones militares hubiesen contribuido a aumentar los dominios romanos en el extranjero.

En España, 2000 años después, el nuevo César, Rodríguez Zapatero, ha avergonzado a millones de ciudadanos -españoles y de otros 35 países de la coalición internacional contra el terrorismo-, al ordenar unilateralmente la inmediata retirada de nuestras tropas de Iraq. Con la orden de "repliegue", subterfugio políticamente correcto para enmascarar la huida, nuestro Ejército ha abandonado la misión que le fue encomendada, precisamente cuando el enemigo -el terrorismo islámico- nos ha golpeado con más saña, causándonos 191 muertos y cerca de 2.000 heridos.

Nuestro Ejército se ha retirado del frente de batalla, precisamente, cuando mayor era el riesgo, después de que nuestros soldados hayan derramado -por lo que se ve, inútilmente- su sangre en cumplimiento de su deber y de que el enemigo hasta haya profanado sus cadáveres, pisoteándolos. Cuando más necesaria era nuestra presencia en Iraq para cumplir con los objetivos marcados, nos vamos. Frente a estos tristes acontecimientos, el Ejército español ha vuelto a dar un extraordinario ejemplo de disciplina y acatamiento del orden constitucional. Sin ser en absoluto responsable, ni merecedor de la deshonra, la decisión política de su retirada de Iraq en tan dramáticas circunstancias, ha arrojado sobre él, y sobre todos los españoles, largas sombras del estigma de la traición, el baldón del deshonor y la vergüenza de la cobardía.

Por mucho que con pretextos éticos y de soberanía nacional se quiera justificar la decisión de retirar nuestras tropas, estos argumentos no convencen a los casi once millones de ciudadanos que votaron al Partido Popular el pasado 14-M, aunque recientes sondeos de opinión pretendan un apoyo mayoritario a la decisión del presidente Rodríguez. Las encuestas se han convertido en potentes herramientas poliédricas de manipulación política, con tantas caras como intereses se pretendan defender, como clamorosamente se ha puesto de manifiesto en las pasadas elecciones generales.

Por el contrario, resulta profundamente inmoral la patrimonialización que de la vuelta de nuestros soldados, ha hecho -y seguirá haciendo- el Gobierno socialista. El mensaje que se transmite a la ciudadanía desde la nueva e independiente RTVE de Carmen Caffarel, según el cual el Partido Popular envió a nuestros soldados a una guerra “ilegal e injusta”, mientras que el PSOE los rescata del infierno y los acoge entre un clamor de banderas socialistas, sollozos, pasodobles y uves de la victoria, constituye otra vergonzosa muestra de manipulación de masas que recuerda a las jornadas previas al 14-M. Se nota, se siente, la proximidad de las elecciones europeas. Poco días han durado las rotundas afirmaciones de la vicepresidente primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anunciando el principio del fin de la televisión de partido y el feliz alumbramiento de una televisión independiente, donde iba a prevalecer el derecho a la información por encima de los intereses partidarios, fueran del color que fueran.

El Ejército necesita respeto a su esencia, a su misión y a su liturgia. Y no parece muy afortunado celebrar con “uves” victoriosas, triunfos inexistentes. Ni el recibimiento folclórico y partidista que mezcla llantos y banderas del puño y de la rosa -o del toro de Osborne-, con los uniformes de quienes han cumplido con su deber con la mayor dignidad, y que solo deben tener como bandera la roja y gualda con el escudo nacional.

Por todo ésto, la presidencia de Rodríguez Zapatero (acompañado de José Bono y Rodríguez Ibarra) en el acto de disolución de la Brigada Plus Ultra II en la Base General Menacho de Botoa (Badajoz) resultaría extemporánea, si no obedeciera a oscuros intereses partidistas. Las grotescas contradicciones del triunvirato Rodríguez-Bono-Ibarra en sus discursos de felicitación a las tropas por la magnífica labor que han desempeñado en Iraq -imponiendo diversas condecoraciones por su heroico comportamiento-, y la feroz descalificación que estos mismos personajes han hecho, y siguen haciendo, de nuestra presencia militar en Iraq resultan absolutamente pasmosas. Ante tanto desatino, y a fin de preservar la dignidad que merecen nuestros Ejércitos, quizás hubiera sido más adecuado que el general Fulgencio Coll, Jefe de la Brigada Plus Ultra II, hubiera procedido a su “disolución” a la orden de un lacónico y castrense ¡rompan filas!


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(EL CORTIJO DIGITAL, 1 de mayo de 2004)

Malos cimientos para una democracia ejemplar

(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA


Un futuro prometedor nos aguarda. El presidente Rodríguez nos obsequiará con el más hermoso de los regalos. Forjará para los españoles una democracia ejemplar, basada en principios de humildad, ansias infinitas de paz y amor al bien. Para tan excelsa obra, utilizará materiales de construcción tan sólidos como el diálogo, el consenso y el respeto universal a personas e instituciones, en un amplio marco de libertades y pluralismo político. Extraordinario.

Lamentablemente, tan nobles intenciones parece que no están fraguando en el gran crisol de las realidades. Para empezar, los materiales de sus primeras decisiones se apartan peligrosamente de los que se estipulan en el pliego de condiciones de su programa de gobierno. La designación digital del director del CNI, la del fiscal general del Estado y de la directora general de RTVE, aunque sin duda obedecerán a los más altos intereses del Estado, quizás no sean apreciadas en su justo valor por el pueblo soberano. Su decisión, cesarista y precipitada, de retirar nuestras tropas de Iraq -a espaldas del Parlamento y en circunstancias tan dramáticas como las actuales-, probablemente arroje sombras de insolidaridad o de traición entre amplios sectores de la sociedad española, y también sobre las cancillerías de los 35 países de la coalición internacional que permanecen en Iraq. La prepotencia y la arrogancia no son buenos compañeros de la incompetencia y la ignorancia de una ministra que pretenda defender los intereses de los agricultores españoles ante la Unión Europea.

Incansablemente, el presidente Rodríguez recurre al respeto a la ley como argamasa de sus decisiones de gobierno. Así, en política exterior, el respeto a la legalidad internacional -las Naciones Unidas o la OTAN- ha sido el eje sobre el que ha girado su argumentario para descalificar nuestra presencia en Iraq, basándose en que no contábamos con la autorización de Naciones Unidas. Admitamos este posicionamiento ético de ZP y de su Gobierno, aunque en todo caso, sería más exacto hablar de cobertura legal insuficiente, ya que la intervención armada en Iraq está amparada por las resoluciones 1483 y 1511 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desgraciadamente, la orden de retirada de nuestras tropas como exponente de firmeza en nuestra política exterior, y de respeto a la legalidad internacional, se derrumba como un castillo de naipes si lo comparamos con la postura inquietantemente débil y el olvido pertinaz de la legalidad internacional -y de la defensa de los intereses españoles- que ha exhibido Rodríguez durante su visita a Rabat. Las reticencias que pueden plantear la extremada cordialidad que ha mostrado el presidente de Gobierno de España con Mohamed VI, encarnación política y religiosa del régimen corrupto y tiránico del reino de Marruecos, se confirman por la asombrosa paradoja que representa el “pragmatismo” mostrado por Rodríguez en el problema del Sahara Occidental, en el que defendió el diálogo para lograr “un acuerdo entre todas las partes”, asegurando que “el Gobierno trabajará intensamente para lograrlo”.

El respeto a la legalidad internacional que ha animado a Rodríguez Zapatero a retirar nuestras tropas de Iraq es incompatible con su actitud en el conflicto del Sahara. Su cínica postura dialogante supone un manifiesto desprecio a las resoluciones de las Naciones Unidas, que en 1991 establecían un Plan de Paz (resolución 690/1991) para permitir "al pueblo del territorio del Sahara Occidental ejercer su derecho a la libre determinación, sin restricciones militares o administrativas de cualquier tipo, optando por la independencia o la integración en Marruecos" a través de la celebración de un referéndum, previa identificación de los votantes, tarea encomendada a los funcionarios de la Misión de las Naciones Unidas por el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). La base para establecer los votantes en el referéndum era, inicialmente, el censo español de 1974 y el plazo máximo para su cumplimiento, nueve meses.

Trece años después sigue sin cumplirse la resolución de la ONU. El pueblo saharaui continua sufriendo. Marruecos prosigue con su burda maniobra de expulsar a los saharauis, reemplazándoles por colonos marroquíes para manipular el censo y lograr así sus propósitos anexionistas, mientras que el muy progresista Gobierno español hace las delicias de Mohamed, rectificando la firme postura española (compartida hasta ahora por todos los gobiernos populares, centristas y socialistas) de respeto a la legalidad internacional y al derecho de la República Árabe Saharaui Democrática a la descolonización de su territorio.

El utilitarismo de los principios éticos como si fueran los vagones del tren de los hermanos Marx, utilizándolos para el consumo partidista al grito de ¡más madera!, hará que nos quedemos sin tren y sin principios. Malos cimientos para una democracia ejemplar.


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