(EL CORTIJO DIGITAL, 31 de mayo de 2004) El entierro de Montesquieu
(*) ANTONIO CABRERA SALAMANCA
Mientras ZP enarbola el señuelo para ingenuos de su “democracia ejemplar” -la del diálogo, el consenso y el respeto a las libertades-, los fogones de Ferraz bullen elaborando contundentes menús, que luego se publican a la carta en el BOE para aplastar libertades, pluralismos y consensos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acaba de anunciar en el Congreso otra iniciativa de la “nouvelle cuisine” socialista contra nuestro sistema democrático. El nuevo guiso pretende la reforma de las leyes del procedimiento penal para que el Gobierno sustituya a los jueces de instrucción por fiscales manejables. Esta decisión supondrá “una ruptura con nuestra tradición centenaria”, según ha reconocido el propio ministro.
Desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, nuestro modelo de instrucción judicial cuenta con un juez instructor (independiente, hasta donde el poder político no ha logrado llegar) encargado de la investigación y de dictar sentencia, mientras que el fiscal (nombrado por el Gobierno) representa al Estado o al querellante en la acusación. La reforma anunciada, es una demoledora carga de profundidad contra la misma línea de flotación del sistema democrático, al establecer por Ley la dependencia jerárquica y funcional del poder Judicial al Ejecutivo.
El artículo 124 de la Constitución establece el ejercicio de la función de los fiscales “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica”. Por mucho que López Aguilar pretenda camuflar la actuación partidista de los futuros fiscales “instructores” con ropajes miméticos de “autonomía funcional”, no puede ser “autónomo” quien está sujeto por su cargo al principio de obediencia debida, y puede ser apartado de un procedimiento por sus jefes. Y que depende, además, del poder político para ascender en su carrera profesional.
Durante más de un siglo y muy diferentes Gobiernos, la Justicia española ha fundamentado su actuación en un sistema penal con jueces inamovibles y no sujetos a principios de obediencia jerárquica. Este modelo ha resistido hasta los embates de diferentes gobiernos de Felipe González, que desde 1983 han pretendido cambiar las funciones de la Judicatura, aunque finalmente no pudieron –o no se atrevieron- a ponerlos en práctica. Sin embargo, sí quedaron de manifiesto las maniobras del poder político marcando las directrices del fiscal general del Estado para obstaculizar la acción de los jueces instructores en los procesos por los crímenes del GAL y de los fondos reservados durante los gobiernos de González. Lo mismo que la sanción -o el “destierro”- de aquellos fiscales de la Audiencia Nacional que se atrevieron a bucear en las aguas turbias de aquellos procesos.
Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno, acuñó una frase que ha quedado para la Historia: “Montesquieu ha muerto”. La frase, pronunciada a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó la Ley del Aborto, resume admirablemente la opinión que le merecen al PSOE las ideas del barón de Secondat sobre la independencia de los poderes del Estado. Esta muerte anunciada dió origen, poco después, al primer “consenso” entre los partidos para el reparto, como botín político, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De ahí el entusiasmo del presidente Rodríguez y de su ministro de Justicia por sacar adelante un proyecto que liquidará los focos de independencia de la Judicatura, permitiéndole sustituir a los jueces por funcionarios del Estado sometidos a la obediencia debida a su cadena de Mando (fiscal general del Estado, fiscales jefes y fiscales especiales: Anticorrupción y Antidroga), y por lo tanto al Gobierno, que es quien, en definitiva, les nombra a todos. Esta reforma de las leyes del procedimiento penal proporcionará al Ejecutivo un arma formidable para eludir el control del poder judicial y castigar a sus adversarios políticos -o beneficiar a sus amigos-, cuando sea necesario.
Si este descabellado intento se llevara a efecto, se ocasi
